En JXC sigue la pelea por las candidaturas. Demuestran con su conducta, faltar el respeto al electorado. No precisan su plan de gobierno. El cambio que necesita Tucumán en los cargos públicos del Ejecutivo y Legislativo no es postulando viejas caras que actuaron desde siempre, en connivencia con el oficialismo en la Legislatura, aceptando en silencio que los vicegobernadores presidan la estratégica Comisión de Labor Parlamentaria, que les fije el monto de la dieta, que decidan los vicegobernadores que proyectos de leyes pueden debatirse en el plenario, impidiendo desde hace años que se sancione la Ley de Acceso a la Información Pública, aceptando en silencio que el vicegobernador no convoque al pleno de la legislatura para que cumpla su deber constitucional esencial de aprobar o desechar la Cuenta de Inversión que presenta anualmente el vicegobernador. La oposición en la legislatura nunca controló el manejo de cuantiosos fondos públicos manejados discrecionalmente por el oficialismo. Es más, la oposición en la legislatura aprobó en silencio el inconstitucional artículo de la ley de Administración Financiera. que establece que pasando dos años de sesiones ordinarias sin tratarse esa Cuenta de Inversión, la misma queda aprobada tácitamente. La oposición llegó a acordar con el Ejecutivo oficialista, en el caso de los municipios de Yerba Buena, Bella Vista y Concepción las inconstitucionales leyes de Pactos Sociales, por los cuales los municipios citados cedieron los fondos públicos municipales al Gobernador, quien a su turno les remite los fondos necesarios para pagar sueldos y algunas obras públicas. Estos pactos violan la Constitución de Tucumán que establece claramente que los fondos públicos municipales sólo pueden ser administrados por las autoridades del Municipio. Estos Pactos Sociales importan condicionar la voluntad política de los municipios que acceden a estos acuerdos. Prueba de ello fue que muy poco tiempo atrás los intendentes de estos municipios, entrevistando al Gobernador interino Osvaldo Jaldo, expresaran que “fueron a ponerse a disposición del Gobernador”. Por su parte Jaldo públicamente expresó que estos municipios adeudaban al gobierno provincial más de 5.000 millones de pesos por aplicación de estos pactos. La Constitución tucumana reformada en 2006 establece que en cualquier momento el gobernador puede retener fondos adeudados por los municipios, lo que importa una amenaza constante. JXC no se plantea la necesidad de modificar las normas impositivas locales, que en su actualidad no coparticipan con los municipios y comunas ni un solo peso recaudado en concepto de ingresos brutos, tributo que representa en nuestra provincia el 80% del total de los montos recaudados por impuestos locales. Estas son las mínimas exigencias que deben plantearse desde ahora por JXC, siendo coherentes en la legislatura no admitiendo que el vicegobernador les fije el monto de la dieta conforme lo estableció la Corte Suprema de Tucumán y exigiendo que la legislatura cumpla su deber esencial de controlar el manejo de los fondos públicos por el gobernador de turno. Este año el monto a controlar asciende a la suma de 800.000 millones de pesos. Deben exigir públicamente que se discuta y apruebe algunos de los proyectos presentados por legisladores opositores para establecer el esencial acceso a la información pública. No queremos en esta instancia electoral un simple “cambio de figuritas”. Por favor no nos falten el respeto.
Luis Iriarte
luisiriarte17@gmail.com